Hoy es el Día Europeo contra la Pobreza Energética, y es necesario recordar que un millón de hogares en España están acogidos al bono social eléctrico. Las familias en situación de pobreza energética son muchas más.
El pasado mes de enero, la borrasca Filomena y la Cañada Real pusieron encima de la mesa una vez más, la tiranía con la que se comportan las eléctricas. 4.000 personas, de los cuales 1.800 menores de edad tienen cortada la luz desde hace meses. Es un escándalo. El relator de las Naciones Unidas contra la pobreza extrema y por los Derechos Humanos, Olivier De Schutter, así lo ha comentado en su cuenta de twitter hace unas horas.

In response to the UN concerns about La Cañada Real, the High commissioner against child poverty of the Spanish government @gasco63 said the national government is not responsible. What is truly irresponsible is to leave children without electricity in the middle of the winter.

— UN Special Rapporteur on poverty and human rights (@srpoverty) February 16, 2021

Sin embargo, la Cañada Real es tan solo la punta de un iceberg que se cobra más vidas de las que nos imaginamos al año. Según el informe de la CNMC de enero de 2021, con datos hasta septiembre de 2020, existen 1.168.542 hogares en España acogidos al bono social, como ya explicamos en el anterior post. La cifra es tremenda, teniendo en cuenta que esos datos todavía no recogen a los y las trabajadoras en ERTE afectados por la pandemia, que han sido incluidos como categoría vulnerable para ser perceptores del bono social.
Según los datos de la CNMC las familias numerosas y los pensionistas son los colectivos más afectados por la pobreza energética.

Sin embargo, si eliminamos la categoría “resto de consumidores”, la cifra de unidades familiares sin menores sube escandalosamente, especialmente desde septiembre de 2018.

En Ecooo mantenemos que es necesario aumentar la autonomía de las grandes empresas energéticas, además de ofrecer una solución real a las personas en situación de pobreza energética. Las administraciones locales tienen mucho que hacer a este respecto, promoviendo el autoconsumo y la autoproducción entre las personas más vulnerables. Ya publicamos posibilidades que se plantean gracias al nuevo Real Decreto de Autoconsumo. Los repasamos:

Financiación propia y autoconsumo para gasto municipal

La administración local, con fondos propios o una subvención, instale un autoconsumo en un edificio municipal. La energía producida es autoconsumida por las instalaciones de la propia Administración, lo que le supone importantes ahorros. Además, con la aprobación del Real Decreto antes mencionado, en caso de no autoconsumir toda la energía producida, se producen compensaciones en la factura de la luz del mes siguiente, lo que supone ahorros todavía mayores.
El apoyo a familias en situación de pobreza energética también se puede considerar gasto municipal. Una segunda posibilidad es que cuando un autoconsumo se comparte se denomina autoconsumo colectivo y es donde una misma instalación sirve para alimentar de energía solar varias casas. En el Real Decreto se establece que el autoconsumo puede ser compartido entre hogares de un mismo edificio o entre hogares que no disten a más de 500 metros de la instalación. Si el autoconsumo se instala en un barrio con rentas bajas donde existen familias con dificultades energéticas, la producción de la planta podría ir destinada a estas familias, suponiendo ahorros para las mismas en su factura de la luz y para la administración local.

La energía se destina a las personas en situación de pobreza energética

La administración local otorga subvenciones nominativas a personas que cumplan los siguientes requisitos: que estén en un radio de 500 metros de la instalación fotovoltaica para el autoconsumo y que estén en situación de pobreza energética. La subvención recibida está vinculada a que se destine a financiación de un autoconsumo colectivo del que se beneficiarán los siguientes 30 años las familias vulnerables. Sin embargo, las subvenciones otorgadas no son suficientes para poder financiar la instalación, así que la administración local propone una financiación participativa a través de aportaciones ciudadanas. La ciudadanía financia un 100% la instalación del autoconsumo a cambio de un pequeño retorno. Ese pequeño retorno se consigue gracias a las aportaciones de las personas en situación de pobreza energética. Es un círculo virtuoso donde el beneficio es triple:

• 1. La administración consigue llevar a cabo la instalación y apoyar a las familias en situación vulnerable. Además, ahorra dinero en las ayudas puesto que una vez que la instalación esté rentabilizada y los préstamos devueltos, las familias siguen teniendo apoyo energético y el ayuntamiento puede destinar el dinero que utilizaba para garantizar el suministro a estas familias a otras partidas.
• 2. La ciudadanía puede participar en la transición energética de una manera colectiva y rentable.
• 3. Las personas en situación de pobreaza energética tienen ahorros en la factura de la luz durante la vida útil de la instalación, unos 30 años. Además, si acompañamos el autoconsumo con talleres de empoderamiento energético, donde las familias aprendan a utilizar bien la energía y conseguir más ahorros, el resultado es todavía mejor.

El interés del préstamo de los inversores no es a tipo fijo, sino variable en función de la producción de la planta. Esto hace que la ciudadanía se interese por la producción de la planta en dos vertientes. Por un lado, los autoconsumidores en situación de vulnerabilidad estarán atentos a la producción porque de esta manera obtendrán más ahorros y, por otro lado, los inversores, porque de la producción de la planta van a depender los ingresos que reciban. Además, de esta manera, la administración local tiene dos impactos simultáneos: pedagogía social y ayuda social. Por un lado, muestra a la ciudadanía la importancia de una transición energética limpia, justa y sostenible y por otra, apoya la autonomía energética de las personas en situación de vulnerabilidad.

Seguimos apostando por la soberanía energética. En una energía de y para las personas, pero sobre todo, para que la energía sea considerada un derecho y no un bien de consumo.