El compromiso global con las energías renovables es un paso fundamental hacia un futuro más sostenible. Sin embargo, cuando estas iniciativas se desarrollan por parte de empresas españolas en territorios ocupados palestinos, se plantean cuestiones éticas y de derechos humanos que no pueden ignorarse.
El ambicioso objetivo del Gobierno de Israel de obtener el 30% de su energía de fuentes renovables para 2030 suena loable a primera vista, pero la estrategia para alcanzar este objetivo es francamente criticable.
¿Quién financia a Israel?
El informe ‘La complicidad del sector financiero español en la ocupación de Palestina habla del caso de la energía solar y greenwashing’ recientemente publicado por las organizaciones FETS, Novact y Suds destaca cómo la expansión de la energía solar en Israel se lleva a cabo a expensas de la población palestina, mediante la confiscación de tierras y desplazamientos forzosos para establecer campos solares. Pero estas plantas fotovoltaicas no se financian solas. Es la banca española, también con tu dinero, la que está aportando capital para llevar a cabo estos proyectos en los territorios palestinos ocupados, tal y como demuestra la investigación.
Algunas de las entidades acreedoras que financian a las empresas que realizan proyectos de energía solar en Israel son, por ejemplo CaixaBank, Banco Santander, BBVA, Ibercaja, Bankinter, Kutxabank, Banco Sabadell, y Bankia, entre otros, así como aseguradoras y fondos financieros, que están vinculados a empresas involucradas en la implementación de proyectos de energías renovables en tierras palestinas ocupadas. La investigación expone el papel de estas entidades financieras en la facilitación de préstamos y la gestión de inversiones que respaldan las actividades de empresas como Abengoa, General Electric, SolarEdge y otras multinacionales que operan en proyectos de energía solar en territorios en disputa, como el desierto del Naqab o Nèguev.
Estas inversiones se presentan como proyectos respetuosos con el medio ambiente y socialmente responsables, mientras que en realidad contribuyen a la violación de los derechos humanos y socavan la soberanía de las comunidades palestinas. Un greenwashing en toda regla.
Empresas españolas en territorios ocupados palestinos
La investigación insta a las administraciones a activar mecanismos legales y fiscales que desincentiven la inversión en territorios ocupados, basándose en obligaciones internacionalmente ratificadas en derechos humanos y derecho internacional humanitario. A las empresas, se les pide desarrollar diligencia debida para garantizar el respeto de los derechos humanos en sus decisiones de inversión y seguimiento de actividades en estos territorios.
Sin embargo, nosotros y nosotras no somos la administración y no somos el Santander. Entonces, ¿no podemos hacer nada? La respuesta es que sí, mucho. Las organizaciones que respaldan este informe no solo están revelando estas prácticas, sino que también están instando a la acción. Se nos está invitando a informarnos sobre las inversiones internacionales de nuestros bancos y aseguradoras, y a tomar decisiones responsables al retirar nuestros ahorros de esas entidades si se encuentran vinculadas a violaciones de derechos humanos.
Pero no solo tener los ahorros en la gran banca es problemático por la actual masacre en Palestina. También lo es porque invierte millones en combustibles fósiles o en armamento.
Ahorros al servicio de la gente, no de la ocupación
Es necesario poner nuestro dinero a trabajar en proyectos que valen la pena. ¿Y si todos y todas sacáramos nuestros ahorros de bancos que generan dolor y los pusiéramos a trabajar por el bien colectivo?
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